INTERNO
I. Participación
Demandas
1. Política
Alcanzar posturas institucionales, es decir, únicas como PUCV en materias de educación superior y particular en participación de las comunidades universitarias en los procesos de toma de decisiones, dentro de los marco que señala el proyecto “Participación de la Comunidad Universitaria, la Universidad una construcción colectiva” aprobado en la Convención de Estudiantes.
2. Material
a. Dotar de votos a los consejeros estudiantiles en los respectivos Consejos (Superior, Facultad y Escuela);
b. Crear e implementar los claustros por Facultad;
c. Crear e implementar el Consejo Universitario.
Medios
Tratándose de las llamadas demandas materiales se deberá generar una mesa de trabajo triestamental o de la comunidad universitaria compuesta por: dos representantes de los sindicatos, un representante del Consejo Superior, un representante del mundo académico, un represente de la Rectoría, tres representantes de los estudiantes (un miembro de la Mesa Ejecutiva y dos miembros del Consejo de Presidentes) y la Vice Gran Cancillería.
Esta mesa tendrá carácter resolutivo y tendrá como función explorar las maneras en que se implanten las diversas medidas propuestas. Será convocada por parte de la Federación de Estudiantes durante la primera semana de junio.
Tratándose de la demanda política, es fundamental que estas definiciones sean adoptadas una vez implementado, en el corto plazo, el Consejo Universitario y los Claustros por Facultas o bien, en su defecto, por instancias amplias de discusión y resolución que se puedan organizar como comunidad universitaria.
Plazo
La convocatoria a la Mesa deberá ser realizada durante la primera semana de junio y la evaluación de los avances de ésta será a fines del mismo mes.
II. Financiamiento
Demandas
1. Políticas
Alcanzar posturas institucionales, es decir, únicas como PUCV en materias de educación superior y particular en el financiamiento al sistema de educación superior y modelo de gestión de las universidades, teniendo como documento base “Principios rectores del financiamiento” aprobado en la Convención de Estudiantes
2. Económicas
Comenzar la discusión del presupuesto PUCV año 2011, a fin de generar las bases políticas y técnicas para la implementación del congelamiento de aranceles y la gratuidad de la matrícula para los tres primeros quintiles.
Eliminación inmediata de ciertos cobros, tales como el de los certificados, documentos oficiales (concentración de notas), uso de espacios de la Universidad para estudiantes y unidades académicas, según el proyecto “Consideraciones al modelo de gestión de la PUCV”.
Medios
Para las demandas anteriormente señaladas, deberá crearse una mesa de análisis presupuestario de la comunidad universitaria, que agrupe a cuatro representantes de la Federación de Estudiantes (1 mesa ejecutiva y tres miembros del Consejo de Presidentes), los dos Consejeros Superiores Estudiantiles, tres representantes de los Sindicatos, un representante del Consejo Superior, un representante del mundo académico y la rectoría por medio de la Vicerrectoría de Administración y Finanzas y algunas otras direcciones sectoriales como Planificación y Asuntos Estudiantiles.
La mesa tendrá carácter resolutivo y será convocada por parte de la Federación de Estudiantes durante la primera semana de junio.
Plazos
La Federación de Estudiantes convocará a la mesa durante la primera semana de junio.
Tratándose de la demanda política, el plazo para su evaluación será de un mes, es decir, a fines de junio.
Tratándose de la mesa presupuestaria, su evaluación deberá realizarse mes a mes.
III. Acceso
Demanda
1. Política
Alcanzar una postura institucional común relativa al acceso a la educación superior dentro de los principios que establece el proyecto “Sistemas de acceso alternativo en la Educación Superior”, aprobados en la última Convención de Estudiantes.
2. Material
Establecer un sistema de acceso alternativo a la PSU, basado en capacidades académicas, desarrollo habilidades específicas en áreas no académicas, el compromiso del estudiante con su desarrollo académico, entre otros, independiente de su situación socioeconómica.
Medios
Para alcanzar la demandas antes mencionadas, se deberá implementar una mesa de trabajo entre la Federación de Estudiantes (1 mesa ejecutiva y dos miembros del consejo de presidentes), la rectoría a través de la Vicerrectoría de Asuntos Docentes y Estudiantiles y la dirección de procesos docentes, un representante del Consejo Superior, un representante de los académicos y dos representantes de los sindicatos.
La convocatoria a la mesa la realizará la Federación de Estudiantes, durante la primera semana de junio.
Plazos
La convocatoria a la mesa de trabajo será realizada durante la primera semana de junio por parte de la Federación de Estudiantes.
Se hará un análisis de los avances de la mesa de trabajo a fines del mes de junio.
EXTERNO
I. Participación
1. Avanzar hacia la democratización de los gobiernos universitarios
Frente a la intención del Gobierno de la derecha de establecer “gobiernos corporativos” -tipo sociedad anónima- en las universidades del CRUCH, y en particular en las universidades del estado, es fundamental apuntar hacia la decidida inclusión real de las comunidades universitarias en los procesos de toma de decisión y definición política en cada universidad.
Para facilitar este proceso se propone:
a. Derogación del artículo 49 letra e) de la Ley Orgánica de Enseñanza y del artículo 22 del DFL nº 1 de universidades de chilenas, los cuales impiden la participación de estudiantes y funcionarios no académicos en los proceso de toma de decisiones y elección de autoridades universitarios.
b. Exigir al CRUCH un pronunciamiento político sobre la participación de las comunidades universitarias en los procesos de toma de decisiones, en general, y su opinión sobre el mencionado artículo 49 de la LOCE, normativa aprobada en dictadura.
2. Reconocimiento al derecho a la organización estudiantil en las instituciones de todo el sistema de educación superior.
En la mayoría de las universidades privadas, centros de formación técnica e institutos profesionales está prohibido el derecho a los estudiantes a organizarse a través de federaciones de estudiantes o centros de alumnos, lo cual atenta contra las garantías que tiene toda persona asegurada en la Constitución.
Por ello se propone, eliminar toda traba que exista a la participación a tales instituciones y de esta manera permitir la participación estudiantil
II. Financiamiento
1. Fin al autofinanciamiento
El mensaje presidencial del 21 de mayo recién pasado, nuevamente ha silenciado la necesidad de implementar las diversas transformaciones que requiere la educación superior de nuestro país.
Siguiendo la línea de lo anterior, es de público conocimiento la progresiva desvinculación y despreocupación financiera del Estado con las universidades tradicionales, en general, y con las universidades del estado en particular. Lo anterior, se manifiesta en el hecho que el gasto público en educación superior que realiza el Estado es bajo y no responde a las necesidades que tiene nuestro país.
Siguiendo la línea de lo anterior, es de público conocimiento la progresiva desvinculación y despreocupación financiera del Estado con las universidades tradicionales, en general, y con las universidades del estado en particular. Lo anterior, se manifiesta en el hecho que el gasto público en educación superior que realiza el Estado es bajo y no responde a las necesidades que tiene nuestro país.
El efecto más perverso de la lógica anterior, se observa en las constantes alzas de aranceles y matrículas que deben realizar las universidades, lo que perjudica económicamente a las familias de los estudiantes, conllevando el endeudamiento por el “derecho” a la educación. También perjudica a las instituciones de educación superior, las cuales deben aplicar políticas de externalización de la labor docente y no docente, que afecta la permanencia del cuerpo académico.
Para terminar con la lógica del autofinanciamiento es fundamental un aumento sustantivo en el gasto público (aumento en el PIB) en educación superior, que permita a las universidades públicas (tradicionales), financiar mayoritariamente sus respectivos presupuestos.
2. Redefinición del aporte fiscal directo y eliminación del aporte fiscal indirecto
El gasto público en educación superior debe estar puesto mayoritariamente en las universidades públicas (tradicionales), es decir, en aquellas que cumplan un “rol” o “perfil” para el desarrollo país.
Dentro de esta línea, creemos fundamental una redefinición del AFD ya que es un aporte basal que tiene una distribución desigual entre las universidades del Consejo de Rectores. Para ello se deberán establecer nuevos criterios o principios de asignación que, en su conjunto, definan el “carácter” público que las universidades deban tener.
Tratándose del aporte fiscal indirecto (AFI), proponemos su eliminación ya que se trata de un fondo de asignación regresivo que fomenta las desigualdades existentes entre las distintas universidades del sistema de educación superior. Los montos del AFI no se perderán, sino que pasarán al nuevo AFD.
3. Un nuevo modelo de gestión universitario
Las universidades no pueden transformarse en empresas prestadoras de servicios educacionales, por ello es fundamental que en su modelo de gestión y administración se reconozcan principios como:
a. rechazo y eliminación del lucro en el actuar universitario
b. rechazo a las políticas de externalización de servicios no académicos y académicos, que terminan generando trabajadores de primera y segunda categoría
c. Regular el funcionamiento de las instituciones privadas post 1980 en cuanto a evitar las transacciones inmobiliarias y generación de fundaciones con las que los planteles escondan una motivación ajena al ámbito académico.
III. Acceso
1. Rechazo a la PSU como instrumento de acceso a la educación superior
La PSU como mecanismo de acceso a la educación superior reproduce y profundiza las desigualdades existentes en el sistema escolar elitizando el acceso a las universidades, es decir, no ha cumplido los objetivos para la cual fue creada.
2. Establecimiento de un nuevo sistema de acceso nacional
Partiendo del análisis anterior, debemos trabajar por la creación de un sistema de acceso a la educación superior que supere las deficiencias de la PSU y que tome en consideración los siguientes elementos: capacidades académicas independiente de su situación socioeconómica, desarrollo de habilidades específicas en áreas no académicas, el compromiso del estudiante con su desarrollo académico, entre otros.
3. Establecimiento de sistemas de acceso alternativos a la PSU
Entendiendo lo anterior, es fundamental implementar en cada universidad del Consejo de Rectores, mecanismos de acceso alternativos a la PSU que tomen en consideración los principios antes expuestos, poniendo de relieve la necesidad de no considerar criterios socioeconómicos para la elección de los futuros estudiantes.
